El Congreso despachó a ley la iniciativa que fortalece al Seguro de Cesantía, disminuyendo sus requisitos de acceso. Este seguro está a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y protege a los trabajadores que pierdan su empleo. En caso de no tener fondos suficientes en el Seguro de Cesantía, también se puede optar al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).
¿Cuáles son los cambios al Seguro de Cesantía?
El proyecto, que modifica la Ley 19.728, que establece un seguro de desempleo, considera los siguientes cambios:
Disminución de requisitos de acceso
Se baja el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía (CIC):
- De 12 a 10, en caso de trabajadoras/es con contrato indefinido o de casa particular.
- De 6 a 5, en el caso de trabajadoras/es con contrato a plazo fijo.
También se disminuye el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), de 12 a 10, en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.
Aumento de los beneficios por cesantía con cargo a la CIC
Para ello, se impulsa un aumento de la tasa de reemplazo del segundo mes de las prestaciones. Ella va desde 55% a 60%, del respectivo promedio de remuneraciones.
Aumento de beneficios por cesantía con cargo al FCS
Se aumenta la tasa de reemplazo del segundo mes del Fondo de Cesantía Solidario y la actualización de los límites inferiores y superiores de las prestaciones para las y los trabajadores con contrato indefinido o de casa particular.
En el caso de quienes tienen contrato a plazo fijo, se agregan un cuarto y quinto giro. De tal modo, su tabla de beneficios queda con cinco giros mensuales.
Requisitos frente a situaciones especiales
El proyecto de fortalecimiento del Seguro de Cesantía también implica una flexibilización de los requisitos de acceso frente a situaciones especiales.
Se apunta a la pérdida de empleo en una zona afectada por una catástrofe o frente a una alerta sanitaria, en caso de que implique paralización de actividades en todo o en parte del territorio de una región.
