Tutela laboral: Analisis del Fallo del TC sobre prohibición de negociar con el Estado

 

            El procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales, que en nuestro país ya lleva más de 10 años desde su implementación ha sido objeto de numerosas críticas por la parte empresarial, aduciendo que esta atentaría contra principios del debido proceso o que existiría un desequlibrio por parte de la magistratura con la finalidad de beneficiar a los trabajadores.

            Estas visiones ideológicas por parte de las empresas y ciertos sectores de la doctrina nacional, tiene como transfondo muchas veces un temor a una herramienta efectiva para los trabajadores, en lo que la protección de sus derechos concierne.

            Ante el descrédito que se intenta imponer en la imagen pública de este procedimiento, se han sumado acciones más tenaces, como es el requerimiento de inaplicabilidad que impugna ante el TC – órgano que históricamente se ha pronunciado en favor de los intereses del sector empresarial- del artículo 495 inciso final del Código del Trabajo y el artículo 4° inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que obsta participar a todos los empleadores condenados por prácticas antisindicales y/o prácticas vulneratorias de Derechos Fundamentales.

            El resultado de esta gestión fue que la Magistratura Constitucional expuso que existe inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886.

            Es de esta manera que nuevamente y como ha sido la tónica del TC en el último tiempo, falla a favor de la empresa, mermando la capacidad disuasiva que tenía esta norma y finalmente disminuye las facultades cohercitivas impuestas por el estado, con la finalidad de evitar la proliferación por parte de las empresas de este tipo de prácticas tan dañinas para las y los trabajadores.

 

            Se vuelve imperante fortalecer el sindicalismo para que sea su fuerza la que impida estas prácticas vulneratorias por parte de los empleadores, ya que mientras no se reforme la actual institucionalidad con la participación de las organizaciones de las y los trabajadores, tendremos un proceso laboral preocupantemente desprovisto de mecanismos que eviten la vulneración de los Derechos Fundamentales. 

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