Con fecha 02 de mayo de 2019, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera E., anuncia oficialmente el grueso de su ya comentada reforma laboral, orientada en esta ocasión principalmente en el establecimiento de mecanismos de flexibilidad para la jornada laboral.

La propuesta establece, entre otros mecanismos, alzar las limitaciones a la jornada de cada trabajador, estableciendo la posibilidad de estipular jornadas mensuales, o incluso semestrales o anuales que, respetando nominalmente los máximos legales actuales, permitan concentrar la prestación de servicios en mucho más del límite diario y semanal actual.

Asimismo, se establece la posibilidad de estipular bancos de horas extra que superen los máximos actuales, y la posibilidad de compensar su pago con horas extra de vacaciones. En la práctica, esto introduce un riesgo de que las horas extraordinarias pasen a ser obligatorias para el trabajador, además de la eventualidad de que no exista la obligación de pago de sobresueldo por dichas horas, que pueden compensarse a futuro -o no-.

Si bien este análisis puede resultar alarmista, puede resultar no del todo alejado del escenario posible si la reforma se implemente tal como está propuesta, debido a que deja gran parte de la negociación de las nuevas formas de distribución de jornada al libre acuerdo de las partes, sea individual o colectivamente, libertad que se ve desdibujada si consideramos el bajo poder negociador que actualmente ostenta una gran capa de trabajadores y sindicatos organizados en varias empresas del país.

La situación anterior hace imperioso efectuar un análisis desde las organizaciones sindicales de nuestro país que sobrepasen lo meramente jurídico, pasando a plantearse qué es necesario para generar una mayor dignidad en nuestros trabajos y disminuir la precariedad laboral, además de cómo comenzamos a dar los pasos que nos permitan avanzar en esta dirección.