La tendencia de los años previos a la Reforma Laboral fue el crecimiento de la tasa de sindicalización en Chile. El 1 de abril se cumplió el segundo aniversario de la Reforma del gobierno de Michelle Bachelet, y por más que señalaba impulsar el sindicalismo, las cifras dicen lo contrario, pues muestran que la tasa de sindicalización en 2018 se ubicó en 20,6%, lo que corresponde a 1.043.709 trabajadores afiliados, de un total de 5.068.370 trabajadores asalariados.

Lo anterior significa un estancamiento respecto a 2017, cuando la tasa alcanzó un nivel de 20,9%, y un estancamiento de la tendencia al alza que se venía observando desde 2011, cuando estaba en 15,5%.

En las grandes empresas la tasa de sindicalización en 2018 llegó a 35,3%; en la mediana es de 12,6%; en la pequeña empresa de 4,5% y en la microempresa de 5,7%.

Si se compara con los países de la OCDE -en su reporte 2019-, la tasa de sindicalización en Chile se ubica por debajo de su promedio que es de 30%, y se encuentra muy lejos de naciones como Islandia (92,8%), Dinamarca (71,7%), Suecia (71,7%) y Finlandia (65,3%).

Creemos que el estancamiento es consecuencia de una sobre regulación afianzada por la Ley N° 20.940, que genera una mayor dispersión sindical, debilitando las negociaciones colectivas y evitando la posibilidad de negociación por rama productiva o de sectores que se hagan cargo de la cadena productiva de empresas con controladores comunes.

Por último las cifras son resultado del modelo productivo chileno, en el cual las grandes empresas son pocas, enfocadas en su mayoría en la extracción de materias primas, sus cadenas de transporte y comercialización de estás mismas. La mayoría de trabajadores se concentra en el sector terciario, careciendo de absoluto poder de negociación. Por su parte, las pymes cuentan con una bancada transversal de lobby que les ha permitido eludir las normas que benefician a las y los trabajadores.